En las prisiones españolas viven muchas personas con discapacidad intelectual y funcionamiento intelectual límite. Sin embargo, su presencia sigue siendo invisible en la mayoría de los casos, a pesar de que los estudios disponibles estiman que entre un 10 y un 15 % de la población reclusa podría tener discapacidad intelectual o trastorno mental.
El informe ‘A cada lado’, elaborado en 2020 por Plena Inclusión, advierte de que no existen herramientas para detectar la discapacidad intelectual en el ámbito penitenciario. Esto provoca que muchas personas no sean identificadas y no reciban los apoyos que necesitan, lo que incrementa su vulnerabilidad, riesgo de victimización y exclusión de actividades y beneficios penitenciarios.
El informe también señala una relación directa entre pobreza, discapacidad y exclusión social. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual que acaban en prisión han atravesado antes contextos de falta de apoyos educativos, desempleo o dificultades para acceder a la justicia. La prisión se convierte así en el último eslabón de una cadena de desigualdades.
Con el objetivo de mejorar esta realidad, dentro del proyecto de Plena Inclusión Madrid de Funcionamiento Intelectual Límite financiado por el 0,7 % del IRPF y la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, profesionales de Adisli han impartido una formación sobre funcionamiento intelectual límite dirigida al personal funcionario de instituciones penitenciarias. El curso ha facilitado claves prácticas para identificar este perfil, comprender sus necesidades y promover un trato justo y adaptado dentro del sistema penitenciario.